Limitaciones de la democracia: surgimiento de nuevas élites

El Estado es un espacio de poder público que se ubica por sobre la sociedad, para organizarla a través de un conjunto de instituciones y leyes que integran el aparato estatal. Por tanto, el Estado ocupa una posición de autoridad (Engels, 2006).

 En un sistema democrático, la función del Estado es garantizar el bien común, garantizando el ejercicio de los derechos de todas las personas, aplicando las leyes, creando directrices que así lo permitan y utilizando los recursos materiales o humanos que dispone para este fin. Así, desde el Estado, se pueden provocar verdaderas trasformaciones sociales. 

El gobierno es el conjunto de personas que ponen en funcionamiento el Estado, lo administran, es decir, llegan a comandar ese espacio de poder político, económico, social y coercitivo. Lo hacen a través del diseño de políticas públicas que tienen como base las propuestas de campaña. De esta manera, muchos funcionarios llegan a tener un gran poder en el manejo de fondos públicos y en las órdenes que dan a sus subalternos (Maglio, 2015). 

En democracia, el pueblo es quien elige a sus representantes para que lleguen a este espacio de poder que es el Estado y dirijan la vida de la sociedad, bajo el principio que gobernarán con honestidad, transparencia, y con fidelidad al planteamiento ideológico de sus propuestas de campaña, que fue lo que les hizo merecedores del voto y la confianza popular (Dalh, 1998)

Pero suele suceder que algunas personas que llegan a ser parte del gobierno u otras, que por una oportunidad laboral se vinculan para trabajar como parte de la burocracia, se ubican en este espacio de poder privilegiado y pierden la perspectiva de que se encuentran allí para servir. Entonces buscan la forma de obtener beneficios económicos personales, por lo que se convierten en nuevos ricos.

 Otra forma por la cual se forman nuevos grupos de poder constituyen las asociaciones ilícitas, que buscan la forma de invertir su dinero en acciones que les permitan alcanzar el poder político para evitar sanciones, por ejemplo, financiando una campaña electoral. 

Mientras el ideal de la democracia es igualar las condiciones de vida de las personas, los actos de corrupción o las acciones ilícitas crean nuevos grupos de poder que incrementan la brecha entre ricos y pobres. Por eso, la participación ciudadana es clave para vigilar el desempeño de los representantes electos, sus equipos de trabajo y demás funcionarios que integran la burocracia (Ziccardi, 2004). 

El pueblo, en uso del poder que le da la Constitución, el de control social, debe exigir procesos reales de rendición de cuentas donde se evidencie el destino de los recursos del Estado que son de propiedad del pueblo y que tienen como fin su bienestar. Las autoridades deben explicar al pueblo por qué se adoptaron tales o cuales medidas; por qué se hicieron o no se hicieron obras; los beneficios y los riesgos de sus decisiones; los presupuestos manejados; los contratos realizados; los procesos de selección de personal, como parte de las acciones de transparencia de la información, control social y rendición de cuentas a las que están obligados por mandato constitucional. 

En el Ecuador es posible revocar el mandato del presidente, vicepresidente de la República, alcalde, prefecto y cualquier dignidad elegida, cuando se ha comprobado que han cometido actos de corrupción o han incumplido con sus ofrecimientos de campaña. Además se pueden aplicar las sanciones legales penales (CRE, 2008).